El Ayuntamiento hará 27 contrataciones con cargo al Plan de Empleo Social

El Ayuntamiento de Campanario realizará 27 contrataciones a través del Plan de Empleo Social puesto en marcha por la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, y para las que recibirá un total de 100.000 euros.

El Alcalde campanariense, Elías López, ha señalado que estas 27 contrataciones se realizarán a tiempo completo y por un periodo de seis meses.

El Consistorio campanariense ya ha presentado la solicitud correspondiente en base al importe asignado al municipio y deben recibir el visto bueno. Una vez cumplido este trámite el Ayuntamiento hará público los perfiles profesionales que necesita cubrir con cargo al Plan de Empleo Social.

En este caso, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Campanario será la encargada de realizar los informes en los que se detalle la situación de los beneficiarios, según informa el Consistorio.

Estas 27 contrataciones se suman a los 29 puestos de trabajo generados durante el pasado mes de octubre con cargo al Plan Empleo Experiencia, con lo que desde el Ayuntamiento de Campanario se procederá a la contratación de 56 personas en total en los últimos meses.

En total el Plan de Empleo Social cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros que se repartirán como ayudas a empresas y municipios para subvencionar contratos. La mitad lo aporta la administración regional y el resto, al 50%, ambas diputaciones provinciales. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, avanzó que se podrían lograr 5.000 contratos temporales de seis meses.

Las contrataciones se harán a través de dos procesos. Unas las llevarán a cabo ayuntamientos y entidades locales y otras pequeñas y medianas empresas (Pymes) que presenten un proyecto de interés social.

En las contrataciones que realicen los municipios, la selección la realizará una comisión constituida por dos representantes del ayuntamiento beneficiario y un trabajador social de los Servicios Sociales de Base. Este último presentará un informe de cada aspirante que será vinculante en cuanto al orden de los candidatos. Esto supone que las personas con mayor riesgo de exclusión social tendrán prioridad. Las organizaciones sindicales, además, podrán seguir el proceso con voz, pero sin voto. Si un municipio no tiene medios para crear esta comisión, podrá contar con las diputaciones.