Exámenes de septiembre

El pasado 30 de junio dimos carpetazo al curso escolar 2014-15, aunque sólo parcialmente, porque para un número significativo de alumnos el curso no terminó hasta haber realizado los exámenes de septiembre. Esta medida, aparentemente necesaria, de dar una segunda oportunidad al que la necesite, arrastra una existencia bastante desoladora: un número relevante de alumnos (variable según las asignaturas) no se presenta a las pruebas de septiembre, o si se presenta, lo hace sin preparación ninguna y en peores condiciones que en junio.

Los exámenes de septiembre para los alumnos extremeños de la ESO son una práctica reciente, que no parece haber calado entre los afectados. Un porcentaje nada despreciable de alumnos, y de sus familias, no ha interiorizado la necesidad de usar los meses de verano para recuperar las materias suspensas.

Como en tantos otros aspectos educativos, sólo podemos hablar por experiencia puesto que no he encontrado estadísticas de ningún tipo al respecto. Ni los centros, ni las consejerías, ni el Ministerio de Educación hacen estadísticas de los aprobados de septiembre, o si las hacen las esconden bien. Si los que promueven estos exámenes se comportan como si no les importaran, no es de extrañar que muchos padres y alumnos no muestren el menor interés en ellos, actitud preocupante que no debería hacernos olvidar, además, que la benevolencia y generosidad del profesor es la causa fundamental de muchos aprobados. De ahí que los resultados de España en las evaluaciones internacionales, a pesar de las diferencias regionales, sean muy mejorables.

Aquí los primeros exámenes extraordinarios para secundaria se celebraron en septiembre de 2012. No sabemos si los de este año serán los últimos. Hasta entonces sólo los alumnos de Bachillerato los hacían. El PP ha favorecido tradicionalmente su realización en todos los niveles educativos, aunque en la Comunidad Valenciana el gobierno del PP trasladó los exámenes de septiembre a julio, mientras que el PSOE los acaba de devolver a septiembre.

El verano debería ser una oportunidad magnífica para recuperar aquellas materias cuyos resultados han sido negativos, y las autoridades educativas tendrían que promover actividades que favorecieran la conexión escolar entre el curso que acaba y el que comienza.

Vacaciones estivales

Cada vez que acaba un curso salen un montón de listos diciendo perogrulladas sobre que las vacaciones escolares veraniegas son demasiado largas. Ciertamente lo son, pero no hay alternativas fáciles, y la desconexión que produce en el alumnado es en algunos casos letal, como por ejemplo en las lenguas extranjeras.

Avanzaré un dato: entre los países europeos con las vacaciones veraniegas más largas están Grecia, Italia, Portugal, España y... Finlandia. Nadie debe albergar dudas sobre la relación entre vacaciones y clima. Finlandia es un caso excepcional en todo.

Más importante que discutir sobre la longitud de las vacaciones veraniegas sería garantizar 180 días efectivos de clase. El problema climático se solucionaría con dinero, o con imaginación y flexibilidad. Nadie concibe hoy una oficina sin aire acondicionado, pero instalarlo en las escuelas e institutos, para terminar el curso a finales de julio, supondría una inversión tan alta, y un gasto diario tan enorme, que dudo que nadie contemple alguna vez esta eventualidad. No obstante, si el empeño de acortar las vacaciones es muy grande y no queremos gastar un céntimo en refrigeración, podríamos impartir las clases estivales en las horas más frescas de la mañana y de la tarde, o debajo de un árbol a la orilla del río. Por soluciones imaginativas que no sea, pero el problema del calor excesivo en los centros escolares es real y comprobable. Imagine un aula de, digamos, 50 metros cuadrados con 25 ó 30 personas (a 36,1º-37,2º C) y 35º ó 40º C a la sombra. Ahora hábleles de los batracios anuros.

Pruebas externas

Sin embargo la controversia fundamental del curso 2015-16 será el intento fallido de parar la ley Wert, la LOMCE, que el Gobierno se empeñó en aprobar corriendo. Ahora a José Ignacio Wert su ley le importa un pepino, instalado en su apartamento del centro de París, pagado por Juan Español a precio de oro, mientras se lleva entre 8.000 y 10.000 euros mensuales en compañía de su nueva esposa, que cobra otra pasta gansa, y que salió a uña de caballo del Ministerio de Educación cuando empezó a pintar en bastos.

Después de la reunión de los consejeros de educación con el nuevo Ministro el pasado 14 de agosto, la posibilidad de no implantar la LOMCE no se va a producir, con lo que 1º y 3º de ESO, y 1º de Bachillerato serán impartidos conforme a la nueva ley. Lo que sí han conseguido los objetores es el retraso de las reválidas de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato, que, según lo previsto, deberían realizarse en junio de 2017. De momento se aplazan sine die. No me parece mal este retraso, aunque yo esté a favor de las evaluaciones externas. Creo que los primeros estudiantes que deberían hacer la reválida de 4º de ESO deberían ser los que accedan a 1º de ESO en el curso 2016-17, porque en junio de 2016 ya habrán experimentado lo que es una prueba externa al terminar 6º de Primaria. La reválida de 4º tendría que llevarse a cabo por primera vez en junio de 2020. A esos alumnos y a sus familias ya no les cogería la prueba desprevenidos.

Obviamente, si después de las elecciones generales, el PP dejara el gobierno de la nación, la LOMCE habrá fallecido, y se convertiría en la cuarta víctima desde que en 1990 se aprobó la LOGSE. En España somos campeones cargándonos leyes de educación.

No romperé una lanza a favor de la LOMCE en su conjunto. Son muchos y variados sus aspectos negativos, pero aquí quiero incidir en una medida que a priori me resulta imprescindible para mejorar la calidad de la enseñanza en España. Me refiero a la realización de pruebas externas para los alumnos que terminen primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. La ausencia de estas pruebas hacen de España una anomalía incomprensible entre los países de nuestro entorno, donde existen exámenes con los que la sociedad intenta conocer cuál es el estado de la enseñanza en sus centros. Suelen ser de ámbito nacional y se realizan al menos dos veces a lo largo de la vida escolar de los ciudadanos, principalmente al término de la primaria y de la secundaria obligatoria. Pueden ser sólo de diagnóstico o para la obtención de certificados de estudio.

Debemos de ser el único país en el que el profesor es juez y parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que produce una enorme disparidad de criterios a la hora de calificar a los alumnos, no sólo entre regiones, ciudades y centros, sino incluso entre los profesores de un centro. La enseñanza no es barata, y el contribuyente debe saber que su dinero se emplea correctamente, y tiene derecho a evaluar y conocer los resultados al término de cada etapa educativa, y eso en el mundo se hace con pruebas externas, para todos las mismas. Al principio las calificaciones seguramente no serán buenas, pero en dos o tres años, en cuanto que la comunidad educativa haya interiorizado la necesidad de la prueba y de la preparación que conlleva, el ambiente de trabajo en los centros y los resultados mejorarán espectacularmente. Así ha ocurrido con los últimos países que incorporaron las pruebas a sus sistemas. Otros las tienen desde siempre. Lógicamente habrá alumnos que necesitarán medidas de apoyo y refuerzo para aprobar, y el sistema educativo debe poner los medios para ello.

En España no hay verdaderamente ninguna prueba externa, porque la conocida como Selectividad, que no selecciona nada, se realiza una vez aprobado el Bachillerato. No hay selección cuando el número de aprobados sobrepasa el 95% (95,5% en Extremadura en los dos últimos cursos). Es extraordinariamente difícil suspender la prueba, aunque para las exigencias de algunos estudios universitarios ya sobra. A nadie se le oculta que hay carreras que tienen menos dificultad objetiva que algunos ciclos superiores de FP. Lo de la universidad es harina de otro costal y habrá que entrar a saco alguna vez.

Confío en que algún día España sea un país democrático normal, en el que los políticos de diferente signo dialoguen y acuerden un modelo educativo que nos equipare a nuestros vecinos europeos, y que no cambie cada seis o siete años.